La Intervención General de la Junta alertó a la Consejería de Salud y Consumo de que se había “prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido” en siete de cada diez contratos realizados por tramitación de urgencia desde los servicios provinciales en el año 2021. Los interventores aseguran en los ocho informes definitivos de control interno que se ha hecho “un mal uso de la figura jurídica de la tramitación de emergencia“.
Los informes provinciales, a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, que analizan 403 contratos, revelan que en el 71% de los analizados por los interventores del SAS en la ocho provincias se hace un uso indebido de este tipo de contratos. Durante 2.298 páginas, emitidas y elevadas de forma definitiva en la primera mitad de 2024, los interventores de las ocho provincias declaran como “desfavorable” el comportamiento de la Consejería a la hora de contratar en el año 2021.
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La Intervención concluye que, en 295 expedientes analizados “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de determinados bienes y servicios” en la tramitación de emergencia. El porcentaje de incumplimientos está por encima del 90% en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba, ronda el 87% en Huelva y el 75% en Granada. Es en Jaén y Sevilla donde los funcionarios encuentran menos irregularidad. Aun así, señalan que un 50% contratos con esta tipología y alertan de que “no puede emplearse este tipo contractual para eludir los principios de publicidad y libre concurrencia“.
Si bien los interventores apuntan que “la situación de emergencia extraordinaria provocada por el Covid-19 exigió la adaptación de la normativa autonómica a las nuevas circunstancias“, como el uso de los contratos de emergencia, estos se siguieron utilizando sin justificación. De hecho, el marco legal que estableció el Gobierno central fue derogado en mayo de 2021 al no albergar motivos para mantenerlo. Así, los auditores advierten a la Junta en sus informes de que este tipo de contratación “debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia”.
“Falta de planificación y organización”
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En Granada los funcionarios argumentan que “el Gestor está declarando como de emergencia actuaciones que no se identifican, cuyas causas exactas se desconocen en el momento de la declaración, sin establecer una relación causa-efecto entre la pandemia y las medidas necesarias para atenderla”. Es más, en su exposición de motivos, los interventores detectan un uso de este procedimiento “para atender situaciones previsibles y reiteradas en el tiempo, evidenciándose una falta de planificación y programación por parte del órgano gestor”. Los interventores almerienses llegan a encontrarse con casos en los que los contratos de emergencia “ni siquiera estaban vinculados a un acuerdo de emergencia”.
Este tipo de mecanismos se utilizaron principalmente, según los funcionarios, en contratos de obras. Entre los casos analizados, los interventores destacan algunos como la sustitución e instalación de la planta de diálisis del Hospital Universitario de Jerez. Desde la Consejería se alegaban “deficiencias propias de la obsolescencia, a lo que ha de sumarse que el anillo de agua no abarca toda la zona susceptible de técnicas de diálisis completa”. Los auditores denuncian que con esta partida “se trata de cubrir una necesidad ya existente en el centro antes de la crisis sanitaria”, por lo que no cabe el uso de los contratos de emergencia.
En 2022, el que fuera consejero de Hacienda, Juan Bravo, señaló en sede parlamentaria que “en 2021 se suscribieron 4.124 contratos de emergencia con un coste de 502,7 millones de euros, un 84% suscritos por el SAS”. La Junta siguió recurriendo a esta vía exprés hasta el año 2023, cuando el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ordenó suspender ese procedimiento
Nuevas revelaciones
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Estos nuevos datos se suman a los publicados en el último mes por el Diario.es y El País, en los que los interventores alertaban sobre el uso “indebido y masivo” de los contratos menores. La intervención apunta a que en el 92,13% de los contratos realizados por el SAS en el año 2021 en las ocho provincias hubo “un fraccionamiento irregular”. Con este “uso indebido” se adjudicaron a dedo 1.223 millones de euros.
El Juzgado número 13 de Sevilla admitió a trámite el pasado 3 de octubre una denuncia del PSOE por la adjudicación de 243 millones de euros mediante contratos de emergencia entre 2021 y 2023 por parte de los servicios centrales del SAS por indicios de prevaricación y malversación, ya que esta figura ya había sido derogada. Aunque los populares han intentado minimizar la relevancia de esta admisión, los socialistas ya hablan de “el mayor caso de corrupción sanitaria de nuestra historia”.
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Esta situación ha redoblado la presión de la oposición sobre la Consejería de Salud, acuciada ya por las listas de espera, que encabezan el ránking nacional. Desde Vox hasta Adelante Andalucía han pedido explicaciones al presidente de la Junta al respecto, pero desde San Telmo mantienen la calma. “Aquí ahora hay transparencia”, aseguraba este martes la portavoz del Gobierno, Carolina España, que explicaba que “hay informes jurídicos, se publican en el portal de transparencia y se atienden las reclamaciones de la intervención“. “Nosotros cumplimos con las recomendaciones”, sentenciaba.